Estos dos años de genocidio en Gaza bajo los ataques del Ejército israelí han dejado un saldo tenebroso, que reflejan que estamos ante uno de los grandes desastres humanitarias del siglo XXI. Alrededor de 67.000 menores de edad han sido asesinados o heridos, maltrechos en la mayoría de casos con mutilaciones. En el día internacional de la solidaridad con el pueblo palestino la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) reafirma una vez más que el horror que se ha vivido en Gaza sigue presente y no debe ser olvidado, que la difícil situación palestina no comenzó hace dos años y que las problemáticas del pueblo palestino no solo se encuentran en Gaza, sino también en Cisjordania y los territorios ilegalmente ocupados por los colonos israelíes. UGT considera que la defensa del pueblo palestino es un deber de cualquier organización democrática y que este día recuerda la que los países occidentales han promovido la ocupación y el empoderamiento militar de Israel generando un Estado que ya no responde al derecho internacional, sino a sus propios intereses políticos.  Además, en este actual gobierno ultraderechista liderado por Netanyahu, muchos de los intereses tienen una perspectiva que parte del extremismo religioso. Occidente ha armado, legitimado y apoyado a un país que rige sus acciones bajo argumentos religiosos, un peligroso ejercicio que ha tenido como consecuencias un genocidio contra los palestinos. En esta jornada reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo palestino y los legítimos representantes de los trabajadores palestinos, particularmente los compañeros y las compañeras de la PGFTU, que unen a su labor sindical un trabajo humanitario que les ha puesto en grandes riesgos, como demuestran la ocupación de su sede en Nablus por parte del ejército israelí el pasado mes de octubre. Asimismo, exigimos a la comunidad internacional que deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad histórica y presente en este conflicto. No basta con declaraciones simbólicas: es imprescindible que los Estados, las instituciones multilaterales y los organismos de derechos humanos actúen con firmeza para garantizar el fin inmediato de toda agresión, el levantamiento total del bloqueo a Gaza y la protección efectiva de la población civil palestina.  La inacción, o peor aún, la complicidad mediante apoyo militar o diplomático a Israel, perpetúa un sistema de opresión que ningún pueblo debería soportar. La solidaridad debe traducirse en mecanismos reales de presión que obliguen al cumplimiento del derecho internacional y al reconocimiento efectivo de los derechos del pueblo palestino. Del mismo modo, rechazamos el actual acuerdo de paz impulsado desde la Administración Trump, que, en lugar de responder a las demandas legítimas del pueblo palestino, reproduce lógicas coloniales y busca imponer una solución diseñada sin su participación plena y soberana del pueblo palestino. Un acuerdo que no garantiza un plan claro para la autodeterminación y que legitima hechos consumados producto de la ocupación y la violencia no puede considerarse un camino hacia la paz, sino una prolongación del sometimiento. La paz no puede construirse desde la imposición ni desde el desequilibrio de fuerzas, sino desde la justicia, la reparación y el respeto absoluto a los derechos humanos y nacionales de Palestina.   

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha presentado una campaña que, bajo el lema de ‘Yo trabajo gratis’, pone el foco en la brecha salarial entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta...

Dentro de estas propuestas, desde los sindicatos, piden que el salario mínimo, de cara al año 2026, suba hasta los 1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta subida, por lo tanto, sería de 89 euros al mes en 14 pagas, lo que supone un 7,5% con respecto a lo establecido en el año 2024.  Por otra parte, la nueva cuantía del SMI para el 2026, han asegurado, debe fijarse siguiendo la senda de las obligaciones asumidas mediante la Carta Social Europea Revisada, lo que supone que debe situarse, como mínimo, en el 60% del salario medio nacional. Con este criterio, desde los sindicatos, se exige que el salario mínimo en 2026 llegue a los 17.822 euros brutos anuales. Para UGT, ha asegurado Fernando Luján, la subida del SMI debe ser “contundente e importante”.

La Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (UTC-UGT) denuncia que la violencia y el acoso en el trabajo siguen constituyendo una amenaza directa para la salud, el liderazgo y la proyección profesional de miles de mujeres en posiciones de responsabilidad. A pesar de los avances normativos, los datos más recientes de 2024 y 2025 confirman que las profesionales y directivas continúan expuestas a niveles alarmantes de hostigamiento psicológico y acoso sexual. Según el EU Gender-Based Violence Survey (Eurostat–FRA–EIGE, noviembre 2024), aproximadamente el 31% de las mujeres trabajadoras de la UE ha sufrido acoso sexual en su entorno laboral. La situación es aún más crítica entre las profesionales más jóvenes —el futuro del liderazgo empresarial—, donde la prevalencia se dispara al 42%. En España, las estimaciones se alinean con esta preocupante media europea. Desde UTC-UGT advertimos que las mujeres en puestos de dirección no están blindadas; al contrario, enfrentan riesgos específicos. Diversos análisis sectoriales indican que la visibilidad y la ruptura de techos de cristal exponen a las directivas a una mayor violencia por razón de sexo. Riesgos específicos en puestos de responsabilidad Las directivas y profesionales con equipos a cargo se enfrentan a formas de acoso particularmente dañinas: cuestionamiento constante de su autoridad, hostigamiento psicológico por parte de subordinados o superiores, exclusión deliberada de espacios de decisión y acoso sexual vinculado al abuso de poder. Estas dinámicas no solo dañan la salud de las afectadas, sino que tienen un efecto directo en la igualdad en el liderazgo y en la pérdida de talento femenino en posiciones estratégicas. Los expertos advierten que la cultura corporativa sigue siendo un elemento determinante: la falta de tolerancia cero real, la protección informal de agresores con influencia interna y la ausencia de evaluaciones rigurosas de riesgos psicosociales impiden que las medidas legislativas se traduzcan en entornos realmente seguros para las mujeres en puestos de responsabilidad. Desde UTC-UGT insistimos a empresas y administraciones en la necesidad de adoptar medidas reforzadas: implementar evaluaciones de riesgos psicosociales con perspectiva de género; establecer canales de denuncia confidenciales y libres de represalias; proporcionar formación obligatoria para equipos directivos; garantizar la intervención inmediata en casos de acoso, con protocolos claros y seguimiento independiente y una política de tolerancia cero real que elimine la protección informal de agresores con poder o influencia interna.  La violencia y el acoso laboral no solo vulneran derechos fundamentales, sino que erosionan el liderazgo femenino y frenan el avance real hacia la igualdad en los espacios de decisión. El cumplimiento estricto del marco legal y una cultura organizacional comprometida son esenciales para garantizar que las profesionales y directivas puedan ejercer su labor en entornos seguros y libres de violencia. Aunque la Unión Europea ha reforzado la protección con la Directiva (UE) 2024/1385 y España cuenta con el Real Decreto 247/2024, la cultura corporativa sigue siendo el gran obstáculo. El cumplimiento estricto de la ley es esencial para garantizar entornos seguros. No podemos permitir que el acoso erosione los derechos fundamentales y frene el avance hacia la igualdad real en los espacios de decisión.  Desde UTC-UGT defendemos liderar sin miedo y trabajar con derechos: por un entorno directivo libre de violencia. Tu trabajo no puede costarte tu salud.    

Lo se pone en cuestión en la condena a García Ortiz es el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad y el derecho a que la justicia no responda a insinuaciones, presiones o guiones políticos