CIDH :: Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas :: Medidas Cautelares
El 30 de noviembre de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de los líderes del Pueblo Naso Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Cargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra; para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas y para garantizar la libre circulación y la seguridad del Pueblo Indígena Naso de la Región Bocas del Toro, en Panamá. En la solicitud de medidas cautelares se alega que el 30 de marzo del 2009, policías y empleados de la empresa Ganadera Bocas llegaron a la comunidad Naso de San San Druy, a fin de ejecutar una orden de desalojo. Según la información recibida, los agentes policiales procedieron a realizar un desalojo violento de las familias que ocupaban las tierras en conflicto con la empresa, arrojando bombas lacrimógenas donde había niños y destruyendo unas 30 casas, el centro cultural Naso, la escuela, la iglesia, y otras instalaciones comunitarias. Se indica que los indígenas desalojados se habrían instalado en campamentos, y que efectivos de la Policía Nacional habrían sitiado a varias comunidades Naso y habrían restringido el libre tránsito a los miembros de la comunidad a través de retenes, lo que habría impedido llevar alimentos y agua a las personas dentro del campamento. Se agrega que los días 15, 16 y 17 de abril de 2009, empleados de la Ganadera Boca escoltados por agentes policiales habrían efectuado disparos al aire y tumbado seis ranchos y el campamento de la comunidad. Se informó también que el 2 de octubre de 2009, aproximadamente 40 policías fuertemente armados habrían arrestado a ocho indígenas Naso, incluidos Eliseo Vargas y Lucho Gamarra, quienes se encontraban en una protesta pacífica frente a la Plaza Catedral. Estas personas habrían sido liberadas el 4 de octubre. La información añade que el 19 de noviembre de 2009, presuntamente sin orden judicial, unos 200 agentes de policía habrían llegado a las comunidades Naso de San San y San San Druy y habrían lanzado bombas lacrimógenas, y empleados de la empresa Ganadera Bocas habrían tumbado varias casas con sus maquinarias. La CIDH solicitó al Estado de Panamá tomar las medidas necesarias para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas del Pueblo Indígena Naso, brindar atención de emergencia de salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y de la destrucción de viviendas, cultivos y animales; adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los beneficiarios; garantizar la libre circulación y la seguridad de los miembros del Pueblo Indígena Naso a fin de que no sean objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias; e investigar los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas cautelares.
